martes, 20 de septiembre de 2011

El PP anticipa un recorte drástico en la política contra el cambio climático


El Partido Popular ha enseñado hoy sus intenciones en la política del cambio climático. En la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático, los populares se han desmarcado del acuerdo y han presentado su propuesta, en la que consideran que los proyectos de reducción de emisiones de empresas españolas en el exterior han sido "un fiasco" y avisan de que con la situación económica actual no pueden apoyar que la UE vaya a un recorte de emisiones del 30% (frente el 20% actual). Esto supone un cambio drástico respecto a la actual postura del Gobierno, que sí apoya a Reino Unido, Francia y Alemania en la petición de que la UE amplíe el recorte de emisiones.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el estudio del cambio climático, ha respaldado -con los 23 votos a favor del PSOE, Entesa Catalana, PNV, CiU, IU-ICV, y los 17 de abstención del PP-, el informe de la ponencia de estudio que dicha comisión parlamentaria lleva elaborando cerca de un año y que, entre otras medidas, aboga por una fiscalidad ambiental y reclama la redacción de una Ley de Cambio Climático, informa Europa Press. El amplio documento ha sido coordinado por el diputado socialista Fernando Moraleda después de años de escuchar a expertos internacionales en la materia.

El PP ha registrado su voto particular, que propone un viraje en la política internacional española. El PP se muestra muy crítico con el sistema usado por las empresas españolas (como Endesa e Iberdrola) para reducción sus emisiones en China e India. "El principal sistema usado por las empresas españolas y el Gobierno para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, en China e India, ha sido un fiasco y el resultado un aumento de las emisiones globales", afirma el documento, en alusión al agujero de Kioto que ha permitido a las empresas europeas compensar sus emisiones en países en desarrollo de forma ficticia.

Los populares consideran que la UE no debe ir más allá del 20% de reducción de emisiones y resaltan que "en los momentos actuales hay que ser especialmente cuidadosos con el empleo y por tanto con introducir nuevos factores de coste diferencial para nuestra industria". Así, un eventual Gobierno del PP tras el 20-N quedaría alineado dentro de la UE con Polonia e Italia, que han bloqueado hasta el momento el intento europeo de llevar el objetivo hasta el 30% de reducción de emisiones en 2020 respecto a 1990.

Los populares consideran en su documento que "la reducción de emisiones generada por efecto de la crisis y el consecuente descenso de la actividad productiva no debe utilizarse como escenario normalizado, o punto de partida, para imponer un incremento del compromiso de reducción de emisiones. Ello supondría normalizar la grave situación de desempleo en España, asumirla estructuralmente y condenar el futuro de cientos de miles de desempleados de los sectores industriales y sectores dependientes que la crisis ha provocado".

La portavoz del PP en la comisión mixta, María Teresa de Lara, ha explicado su postura: "Estamos a favor de reducir emisiones pero de forma que creen empleo". Además, considera que el anuncio de Francia y Alemania de ampliar el recorte de emisiones "es un brindis al sol". "Las emisiones han bajado por la crisis y algo por las renovables. Considerar que esa bajada es permanente es creer que la economía no va a crecer".

Por todo, el PP se muestra en contra de "adquirir nuevas obligaciones vinculantes en el seno de la Unión Europea, para el período posterior al 2012, si no existe un compromiso global de todos los países desarrollados, de similar intensidad, en términos cuantitativos y de esfuerzos financieros y que los países en desarrollo más avanzados contribuyan en función de sus responsabilidades y capacidades respectivas". Esa condición parece condenada al fracaso, ya que ni EEUU ni China aceptan compromisos internacionales vinculantes.

La postura del PP evidencia la distancia en la materia con los socialistas, que han impulsado un acuerdo en el que se pide establecer medidas de fiscalidad ambiental para penalizar las energías más contaminantes. En concreto, el texto pide la introducción de una tasa sobre las emisiones de CO2, algo que ya descartó el Ministerio de Industria hace unos meses

El estudio reclama una Ley de Cambio Climático que obligue a adjuntar a los Presupuestos Generales del Estado con los llamados presupuestos de carbono, en los que se refleje cuánto paga España por sus emisiones y determine la huella ecológica de todos los productos alimentarios, turísticos y químicos, reflejar qué emisiones se han emitido durante todo el proceso de elaboración de los productos hasta que llegan al consumidor.

RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 20/09/2011
Diario EL PAIS